Contrarreforma eléctrica de AMLO asfixia transición energética: ambientalistas

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Ambientalistas aseguran que la reforma energética impulsada desde el gobierno federal constituye una regresión histórica en la intención de sentar las bases para la sustentabilidad del sector. Además se pierde una oportunidad valiosa para generar una industria eléctrica limpia y elimina la posibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos por México en los Acuerdos de París, en la lucha contra el cambio climático.

La iniciativa de contrarreforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, aborta la insipiente transición energética, que tenía como objetivo pasar del uso de combustibles fósiles y altamente contaminantes, a la utilización de energías renovables en la generación de electricidad, plantean especialistas en cambio climático.

Asimismo, afirman que constituye una regresión histórica en la intención de sentar las bases para la sustentabilidad del sector y se pierde una oportunidad valiosa para generar una industria eléctrica limpia, además de que elimina la posibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos por México en los Acuerdos de París, en la lucha contra el cambio climático.

En 2013 México inicia lento desplazamiento hacia la sustentabilidad energética

Con la reforma eléctrica promulgada en 2013,  la cual permitió la entrada de la inversión privada a la generación, se abrió la posibilidad de sentar las bases de la sustentabilidad de la industria, a través del uso de energías renovables para generar electricidad. Eso permitió un avance importante en el uso del sol y el viento para obtener ese insumo básico en hogares y empresas.

De acuerdo con un reporte realizado por la organización EMBER-Climate, desde 2015, la generación de electricidad con carbón en México bajó 60 por ciento. Tan solo en 2020, ocupó el primer lugar del G20 en la reducción de ese material para producir electricidad.

En el último lustro, hubo un significativo incremento en la participación de energía eólica y solar, que pasó de apenas 3% en 2015 a 9.8 en 2020.

El estudio, realizado por Nicholas Fulghum, subraya que la transición en México lucía bien encaminada, dado los incrementos en capacidad instalada de energía eólica y solar durante la última década, en particular, durante los últimos cinco años. No obstante, se desaceleró en 2020 y esa tendencia continuará, ya que el gobierno del presidente López Obrador ha puesto restricciones para la conexión de nuevos proyectos de energía renovable a la red eléctrica, lo que ha detenido el desarrollo de nuevas energías renovables.

“Tras cinco años de progresos, las políticas cada vez más conservadoras que incluyen apuestas al combustóleo y la marcha atrás de la reducción progresiva de las plantas de carbón, están poniendo a la transición energética de México en grave peligro de que vuelva a quedar atrás de la tendencia global.

Desde su perspectiva, “el gobierno busca seguir usando o aumentar el uso del combustóleo como fuente para la generación eléctrica.

El estudio destaca que tres cuartas partes de la electricidad en México proviene de combustibles fósiles. Dicho de otra forma, 75% de la electricidad mexicana todavía proviene de combustibles fósiles.

En 2015, sólo 20% de la electricidad en el país se generaba mediante el uso de energía renovable y nuclear; para 2020 se incrementó a 25%. El promedio mundial en ese lapso pasó de 34 a 39 por ciento.

El problema “es que el papel de la energía eólica y solar en la matriz se encuentra en una posición política precaria”. “El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado reiteradamente la energía eólica y solar como fuentes confiables de electricidad”.

El documento destaca que el crecimiento de la capacidad instalada en 2020 cayó 44% en el caso de la energía solar y 19% para energía eólica con comparación con el año anterior y se situó en 1.1 gigavatios y 1.4 gigavatios respectivamente.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica y Asociación Mexicana de Energía Solar, 99% de la energía eólica y solar que se genera en México es producto de la inversión privada. Su generación ha permitido la mitigación de 19 millones de toneladas de bióxido de carbono a la atmósfera cada año. Refieren que actualmente hay más de 300 proyectos eólicos y solares en operación que suman una capacidad total de más de 12.9 gigawatts.

Ese panorama contrasta con la visión del gobierno federal. En la página 23 de la iniciativa de reforma enviada al Congreso, asegura que “la CFE (Comisión Federal de Electricidad) representa el 55% de la energía limpia del país”.

Sin embargo, los anexos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2021-2035, refieren que la capacidad instalada de 14,776 megavatios que tenía la CFE al 30 de abril de 2021, representaba 16.51% del total del país que era de 89,479 megavatios.

Si se considera la capacidad instalada total, es decir las instalaciones de la CFE, la de CFE con Productores independientes de Energía (PIE), así como los privados y Pemex, la capacidad de generación de energía limpia es de 32,632 megavatios que constituyen 35.46 por ciento.

La iniciativa de contrarreforma eléctrica presentada por el gobierno federal el 30 de septiembre pasado establece acotar la participación del sector privado en la generación; elimina los Certificados de Energía Limpia (CEL), incorpora el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Señala que los privados sólo podrán venderle electricidad a la CFE, vía nuevos contratos que sustituirán el régimen de productores independientes de energía y desaparecerán las sociedades de autoabasto para construir centrales eléctricas, entre otros puntos.

Cuestionan nuevos criterios para despacho de electricidad

Jorge Villarreal Padilla, director de Política Climática de Iniciativa Climática México (ICM), expone que tan sólo la intención de modificar el despacho de energía para que ahora se ingrese primero al sistema de distribución la generada por las hidroeléctricas, seguida de la nuclear, geotermia, gas-CFE, térmica-CFE, eólica, solar gas-privados y carbón en ese orden tiene inconvenientes.

Explica que anteriormente la electricidad se despachaba de acuerdo con sus costos de generación, a partir del principio de eficiencia económica lo que permitía dar prioridad a las energías limpias (producidas por privados).

El especialista recuerda que, en el mundo, a la generación de electricidad con hidroeléctricas no se le considera energía limpia, pero en México sí. Destacó que genera una alta cantidad de metano.

En el caso de la generación con gas dice que hay que tomar en cuenta que una buena parte de ese combustible se importa de Estados Unidos y se extrae mediante fracking, que tiene alto impacto ambiental. Además, el gas genera más gases de efecto invernadero que una central eléctrica eólica o solar.

A su vez, Pablo Ramírez experto en cambio climático y energía de Greenpeace México, manifiesta, que la propuesta de orden de salida de electricidad, propuesto en la contrarreforma supuestamente va a respetar el mérito económico siempre y cuando sean confiables y seguras, pero en ningún lado especifica que se entiende por seguro y confiable.

Villarreal Padilla destaca que si se analiza el plan de inversiones de la CFE 2021-2025, la capacidad adicional que se plantea para el sistema eléctrico nacional son seis plantas con ciclo combinado que abona a dar más espacio al gas que hoy representa más de 50% de la generación de electricidad.

“En la iniciativa de contrarreforma eléctrica se plantea que se van a renovar 10 centrales hidroeléctricas y la construcción de un parque fotovoltaico en Sonora”.

Al respecto, el especialista menciona que no importa si la inversión es pública o privada sino que se cambie la matriz energética y sea más la cantidad de electricidad que se genera mediante el uso de energías limpias, lo cual tendrá un impacto en la emisión de gases de efecto invernadero, contaminación en general y, consecuentemente, traerá un impacto en la salud de las personas.

Pablo Ramírez también llama la atención en que es muy preocupante la posibilidad de incrementar la generación de electricidad con carbón, con el argumento de la “seguridad energética”, lo cual, junto con el uso intensivo de combustóleo será un retroceso en cuestión de acción climática.

Desde su perspectiva, se corre el riesgo de que CFE reviva plantas que ya tenían tiempo fuera por ineficientes y sucias, lo cual será altamente problemático en tema de emisiones de gases de efecto invernadero.

“También hay focos rojos encendidos, debido a que la CFE queda a cargo de toda la transición energética y eso no tendría que ser malo, porque sería benéfico el fortalecimiento del papel del Estado en esta materia, pero lo preocupante es que todas las señales que está dando la CFE en el sentido que las energías renovables no le importan. Queda claro que no entienden muy bien el tema de las energías renovable y tampoco les interesa”.

Pone en riesgo cumplimiento de compromisos ante el Acuerdo de París

Para algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen como causa la preservación del medio ambiente, si el Congreso aprueba, tal como envió la iniciativa el presidente, de entrada, México no podrá cumplir con los compromisos adquiridos ante el Acuerdo de París contra el cambio climático, el tratado internacional adoptado por 196 países en diciembre de 2015, que tiene como objetivo limitar el calentamiento global.

De acuerdo con la NASA, en 1880, la temperatura media de la tierra era de 0.16 grados centígrados. En 2020 fue de 1.02 grados.

Con el Acuerdo de París, lo que se busca es que el aumento sea lo más cercano posible a 1.5 grados, pero los científicos prevén que para 2030 se supere.

Para alcanzar el objetivo los países firmantes se propusieron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y establecieron cuotas de reducción conocidas como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Iniciativa Climática México (ICM), México se comprometió a reducir 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero (la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reconoce seis: bióxido de carbonometanoóxido nitrosohidrofluorocarbonosperfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre), para 2015 y 51%  de sus emisiones de carbono negro (como el humo espeso que sale de los vehículos y el hollín de las chimeneas industriales) para 2030, respecto de su año base 2013.

Sin embargo, en 2020 México presentó una versión revisada de algunos aspectos, pero mantuvo las mismas metas de mitigación al 2030 originales, cuando los demás países están siendo más ambiciosos en sus contribuciones.

Por otra parte, en 2015 se promulgó la Ley de Transición Energética (LTE)  que establece como meta de participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica de 25% para 2018, del 30% para 2021 y de 35% para 2024.

Para cumplir esa meta se implementó un sistema de subastas públicas a largo plazo de generación de energía eólica y solar. Según la Secretaría de Energía, entre 2014 y 2018 se realizaron tres por un total de 51 proyectos.

Al respecto, el diputado federal Gabriel Quadri, destaca que las subastas de energía limpia constituyen un instrumento fundamental para la inversión en energía limpia y para obtener los costos más bajos del sistema por megawatt-hora.

Dice que en la última subasta, que tuvo lugar en 2017, se lograron  precios de energía limpia  de apenas 20 dólares por megawatt-hora, unos 400 pesos por megawatt-hora, mientras que en las plantas de la CFE cuesta en promedio cerca de 600 pesos.

Asimismo, plantea que la contrarreforma destruye el mercado de Certificados de Energía Limpia  que ha sido un elemento esencial para promover la inversión en energías renovables y la transición energética. “Al acabarse, se destruye la posibilidad de desarrollar un mercado de carbono en México, que es fundamental para lograr los objetivos del Acuerdo de París en materia de cambio climático”.

También refiere que “al cancelar todo esto, se destruye o se saca del mercado a las energías limpias para promover el uso  de las centrales  termoeléctricas obsoletas contaminantes y caras de la CFE”.

En su opinión, lo grave es que la CFE no tiene ni presupuesto ni capacidad técnica para invertir en centrales eléctricas que utilicen energías renovables.

El diputado recalca que la razón de fondo de esta contrarreforma es que el gobierno busca darle salida a las enormes cantidades de combustóleo que producen las seis refinerías, que no puede comercializar en el extranjero, debido a sus altas concentraciones de azufre, particularmente luego de que, desde el 1 de enero de 2020, los buques internacionales sólo pueden usar combustóleo que contenga máximo 0.50% de azufre y el producido en México supera por mucho ese tope.

Las proyecciones no son halagüeñas

ICM realizó un análisis de prospectivas de las metas climáticas establecidas en el sector eléctrico con horizonte a 2030. La simulación de escenarios arrojó resultados poco esperanzadores respecto del cumplimiento de las NDC del sector.

“Los resultados de emisiones para el año 2030 están comprendidos entre 163.5 y 193.7 millones de toneladas de bióxido de carbono  equivalente comprometidos por México”,

Asimismo destaca que “por lo que respecta a los compromisos de participación de energías limpias incluidos en la Ley de Transición Energética, se hace evidente que México no cumplirá con las metas a 2024 planeadas por la citada ley, ni con la meta no condicionada ofrecida dentro del Acuerdo de París.

Eso se debe a que el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) frena tajantemente la adición de energías limpias al sistema eléctrico nacional  en los años 2021 y 2022.

La organización de la sociedad civil destaca que no hay otro sector de actividad en México que ofrezca oportunidades costo-efectivas de mitigación climática, como las que ofrece el sector de la generación de electricidad. “Nuestro país pudiera tener una importante contribución a los esfuerzos globales por combatir el cambio climático si escala de forma acelerada los proyectos de energías renovables”.

A nivel nacional, este sector contribuye con 70.4% del total de emisiones de gases compuestos de efecto invernadero (126 millones de toneladas en 2015).

Por su parte Jorge Villarreal Padilla, director de Política Climática de ICM indica que el problema es que no existe una ruta clara de cómo se van a cumplir con las NDC, además de que se prevé limitar los proyectos de energía no renovable.

Por ello, recalca que es necesario diseñar e implementar una política pública que permita avanzar en una transición energética socialmente incluyente  y que pueda identificar claramente los objetivos y las estrategias para alcanzarlos.

Gabriel Quadri afirma que se trata de un aborto de la transición energética y una regresión histórica hacia un modelo económico totalitario estatista, monopólico, retrógrado que, además, va a colocar a México en una desventaja tecnológica.

En su opinión, la contrarreforma se traducirá en un desastre ambiental y de salud pública.

Para Jorge Villarreal, desde la perspectiva ambiental, es indispensable vincular la iniciativa presentada por el presidente López Obrador con una agenda social, en el marco de una transición justa.

Expone que es muy importante pasar de una matriz energética donde predomina la generación de electricidad mediante el uso de energías fósiles a energías renovables, con el objetivo de que se reduzca el daño que genera en la salud de las personas de los lugares en los que se produce y en el mundo, al contribuir al incremento de la temperatura del planeta.

Para el especialista, la iniciativa presentada por el presidente no está en esa línea porque es muy general y no expone cómo se llevará a cabo su instrumentación.

México paso de ser punta de lanza a la retaguardia

Pablo Ramírez destaca que Mexico siempre se había posicionado como un líder regional en materia de cambio climático: “fuimos los segundos en el mundo en tener una ley y el primer país en presentar los NDC; sin embargo, al momento de llevarlo al acción, el país ha quedado muy corto y ahora hemos tenido hasta retrocesos en NDC”.

Dice que México va a ir a la COP27 con un NDC suspendida en cuanto a la mitigación. Eso es una señal muy clara que no está tomando en serio el tema y que la política climática no es una prioridad para este gobierno federal. Ni siquiera forma parte de la agenda.

Por su parte Andrés Flores especialista del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) México, espera que la transición energética no se detenga, pues va más allá de las decisiones del gobierno. Expone que sería otro el panorama si hubiera un gobierno que creara incentivos y generara infraestructura como redes de electrolineras, por ejemplo, para que carguen los vehículos eléctricos y puedan satisfacer su demanda.

Llama la atención que la transición energética está ocurriendo en el mundo. Muchas empresas están demandando energía limpia, porque tienen compromisos corporativos que tienen que ver con reducir sus emisiones y su responsabilidad social y ambiental. Obviamente van a demandar más renovables y el mercado lo tiene que proveer. Recalca que todo mundo se está moviendo hacia la descarbonización y México no se puede quedar fuera.

Además, subraya, estamos perdiendo la oportunidad de generar una industria alrededor de las energías limpias, a través de energía renovable, cuando México tiene una capacidad enorme para ello.

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